Resumen:

Existe una estrecha relación entre el sistema penal y las condiciones para un pleno desenvolvimiento del sistema democrático en una sociedad. Tal relación es unidireccional y se expresa en que las decisiones de política criminal pueden degradar o fortalecer el carácter democrático de una sociedad; pero, en sentido inverso, una democracia no garantiza, por su propia naturaleza, que vaya a producir un sistema penal materialmente democrático. La extensión del Derecho Penal (el elemento normativo del sistema penal) es uno de los elementos que inciden en estas cuestiones: el nivel de democraticidad material de un sistema de justicia penal es inversamente proporcional a la extensión de su Derecho Penal. De esta manera, un Derecho Penal es menos compatible con un carácter democrático, mientras más extenso sea (en cantidad de prohibiciones, en profundidad de estas, en rigor de las penas, etc.). En consecuencia, un Derecho Penal limitado es una condición para un sistema de justicia penal democrático. Partiendo de las premisas previas, la ponencia propuesta, abordará estas hipótesis: (1) En la contención del Derecho Penal, por su carácter esencialmente procedimental, la legalidad penal (nullum crimen nulla poena sine lege), carece de posibilidades de desempeñar un rol significativo. (2) Un Derecho Penal requiere, por consiguiente, dispositivos materiales de limitación; y uno de ellos es la proporcionalidad en sentido amplio. Para demostrar estas hipótesis se recurre a la ‘teoría externa’ de los derechos fundamentales y la observación de que toda conducta penalmente prohibida es, prima facie, una restricción de tales derechos. En consecuencia, una prohibición penal es tolerable solo si ella cumple con la norma que habilita tales restricciones: la proporcionalidad. Esta debería actuar como un elemento de contención de la potestad punitiva del Estado. Ella no es una solución mágica y su aplicación requiere ciudadanos y políticos comprometidos con los derechos fundamentales.

Referencias bibliográficas (opcional):

Bottoms, A. (1995). The philosophy and politics of punishment and sentencing. En C. Clarkson y R. Morgan (Eds.), The politics of sentencing reform (pp. 17-49). Oxford: Clarendon Press.Gardner, J. (1998). Crime: In proportion and in perspective. En A. Ashworth y M. Wasik (Eds.), Fundamentals of sentencing theory (pp. 31-52). Oxford: Clarendon Press.Garland, D. (2001). La cultura del control. (M. Sozzo,Trad.). Barcelona: Gedisa.Hall, S. (1988). The hard road to renewal. Thatcherism and the crisis of the left. London-New York: Verso.Pratt, J. (2007). Penal populism: key ideas in criminology. London: Routledge.Vergara, C. (2019). Populism as plebeian politics: Inequality, domination, and popular empowerment. The Journal of Political Philosophy, 28(2), 222-246.

Resumen:

A partir de las manifestaciones y el denominado “estallido social” en Chile (octubre de 2019), donde uno de sus factores principales ha sido la pérdida progresiva de legitimidad y confianza en las instituciones democráticas (gobierno, parlamento y tribunales) (Jiménez, 2020; Morales, 2020), en noviembre de 2019 se suscribe el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, declaración de distintos sectores políticos que buscaba terminar con la grave crisis en la que se encontraba el país, a través de una solución institucional que fomentara la paz y la justicia social. A partir de este hito, en octubre de 2020 se lleva a cabo el plebiscito que aprueba la redacción de una nueva Carta Magna. En mayo de 2021, se llevan a cabo las elecciones de los y las convencionales constituyentes, quienes finalizarán su labor el próximo 5 de julio, para que la ciudadanía apruebe o rechace esta propuesta el día 4 de septiembre. En relación a lo anterior y a través principalmente de revisión bibliográfica atingente, este trabajo busca analizar las implicancias para el actual Poder Judicial chileno (el nuevo “Sistema Nacional de Justicia”), respecto a la incorporación de algunos principios constitucionales, en particular el de “Justicia Abierta” (aprobado el 17 de febrero), donde se indica que “La función jurisdiccional se basa en los principios rectores de la Justicia Abierta, que se manifiesta en la transparencia, participación y colaboración, con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia”. Considerando fundamentalmente la incorporación de la Institución al V Plan de Acción de Gobierno Abierto de Chile, con el compromiso “Justicia Abierta en el Poder Judicial”, se visualizan los desafíos y oportunidades que se presentan, tanto en el trabajo interno, como desde la perspectiva de la ciudadanía y de los usuarios y usuarias.

Referencias bibliográficas (opcional):

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución. Proceso Constituyente. https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/detalle_cronograma?id=f_cronograma-1- Comisión de Integridad Pública y Transparencia. (2022). Quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (2020 – 2022). Gobierno Abierto de Chile. https://www.ogp.gob.cl/wp-content/uploads/2022/02/5to-plan-de-accion.pdf- Comisión de Integridad Pública y Transparencia. (s. f.). Justicia Abierta en el Poder Judicial. Gobierno Abierto de Chile. https://www.ogp.gob.cl/5to_plan_compromisos/c8-justicia-abierta-en-el-poder-judicial/- Convención Constitucional. (s. f.). ITINERARIO CONSTITUCIONAL. https://www.chileconvencion.cl/itinerario-constitucional/- Convención Constitucional. (s. f.). NORMAS APROBADAS. https://www.chileconvencion.cl/normas-aprobadas-pleno/- Jiménez, C. (2020). #Chiledespertó: causas del estallido social en Chile. Revista Mexicana de Sociología, 82(4), 949-957. http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/59213- Morales, M. (2020). Estallido social en Chile 2019: participación, representación, confianza institucional y escándalos públicos. Análisis Político, 33(98), 3–25. https://doi.org/10.15446/anpol.v33n98.89407- Pesce, G. (2021). Justicia Abierta en el Poder Judicial de Chile: Implementación y Desafíos [Tesis de maestría no publicada]. Universidad Complutense de Madrid | Universidad de Santiago de Chile.

Resumen:

La mayor parte de los desacuerdos de las últimas décadas en Colombia han sido resueltos por jueces constitucionales. Estos reconocieron el derecho al matrimonio LGTBI+, al aborto, la muerte digna, el Acuerdo de Paz, impidieron la reelección presidencial, reconocen y protegen los derechos de grupos vulnerables (indígenas, afrocolombianos, campesinos, pescadores y otros) y en sincronía con la Corte Interamericana, construyen reglas y estándares sobre los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, que entran en tensión con las políticas públicas, las empresas multinacionales y los grupos locales de poder.  Un escenario de convergencia está en la situación de las ciénagas, los pescadores y los campesinos que habitan esos cuerpos de agua, afectados por poderes políticos y económicos que amenazan el equilibrio ambiental, los ríos que las nutren y la seguridad alimentaria de los pobladores, aumentando la pobreza y la conflictividad social. La justicia constitucional ha operado como mediador de las partes en conflicto, protector de los grupos vulnerables y corrector de las políticas públicas.  Esta ponencia determina las actuaciones y el alcance de la justicia constitucional colombiana alrededor de la destrucción de las ciénagas y otros cuerpos de agua, la violación de los derechos de pescadores y campesinos habitantes de esos territorios, frente a la acción de los poderes locales. Igualmente identifica los límites de los modelos dialógicos de decisión judicial, evidencia la política gubernamental que erosiona la justicia constitucional y determina los modos de resistencia de los pescadores y campesinos en defensa del territorio. La ponencia efectúa un análisis de caso de los pobladores del Complejo Cenagoso de Cascaloa, ubicado en la Depresión Momposina, en la región caribe colombiana.

Referencias bibliográficas (opcional):

Descripción de la Publicación académica:

Esta publicación presenta la oportunidad al lector de cuestionarse la realidad laboral de los países en desarrollo. Pretende sembrar dudas y aportar un punto de vista crítico en relación a las consecuencias de inversiones extranjeras que se realizan en países donde sus habitantes se encuentran desprotegidos. Existen numerosos proyectos millonarios ejecutados por empresas con una misión y valores envidiables, usan la inestabilidad y desatención de los trabajadores de estos países en su propio beneficio, alardeando de la “buena obra” que realizan al proporcionar trabajo e introducir capital extranjero, olvidando documentos que parecían trivialmente aceptados, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Principios Ruggie, Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Partiendo de una vivencia y motivación personal, se ha desarrollado un trabajo de investigación con la Universidad de Málaga, donde se muestra la potencial y presunta realidad laboral en países en desarrollo, en proyectos a manos de empresas de todo tipo y lugares, y se ofrece la senda del cambio, una senda que podría pasar por dos herramientas: la generación de un Acuerdo de Protección Global que proteja a todos los trabajadores, dándoles voz, firmado por empresas participantes y otros stakeholders; y también, un portal web, un medio de comunicación y denuncia, anónimo, público y digital que acerque la justicia a todos los trabajadores, con el único requisito de tener un smartphone y conexión a internet. El Instituto Danés de Derechos Humanos demuestra estadísticamente la correlación positiva entre cumplimiento de derechos humanos y laborales con el incremento de riqueza para un país, en lo que contribuyen estas dos herramientas ¿por qué no empezar a aplicarlas? Está claro que el desarrollo será si respetamos la dignidad y los derechos de todos “unidos”, o no será.- Eje temático 02- Palabras clave: Acuerdo de Protección Global, Convenios de la OIT, Principios de Justicia Social. 

Resumen:

Este trabajo presenta la oportunidad al lector de cuestionarse la realidad laboral de los países en desarrollo. Pretende sembrar dudas y aportar un punto de vista crítico en relación a las consecuencias de inversiones extranjeras que se realizan en países donde sus habitantes se encuentran desprotegidos. Existen numerosos proyectos millonarios ejecutados por empresas con una misión y valores envidiables, usan la inestabilidad y desatención de los trabajadores de estos países en su propio beneficio, alardeando de la “buena obra” que realizan al proporcionar trabajo e introducir capital extranjero, olvidando documentos que parecían trivialmente aceptados, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Principios Ruggie, Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Partiendo de una vivencia y motivación personal, se ha desarrollado un trabajo de investigación con la Universidad de Málaga, donde se muestra la potencial y presunta realidad laboral en países en desarrollo, en proyectos a manos de empresas de todo tipo y lugares, y se ofrece la senda del cambio, una senda que podría pasar por dos herramientas: la generación de un Acuerdo de Protección Global que proteja a todos los trabajadores, dándoles voz, firmado por empresas participantes y otros stakeholders; y también, un portal web, un medio de comunicación y denuncia, anónimo, público y digital que acerque la justicia a todos los trabajadores, con el único requisito de tener un smartphone y conexión a internet. El Instituto Danés de Derechos Humanos demuestra estadísticamente la correlación positiva entre cumplimiento de derechos humanos y laborales con el incremento de riqueza para un país, en lo que contribuyen estas dos herramientas ¿por qué no empezar a aplicarlas? Está claro que el desarrollo será si respetamos la dignidad y los derechos de todos “unidos”, o no será.

Referencias bibliográficas (opcional):

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Resumen:

As Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio de resoluções e decisões, costumam apresentar uma série de medidas de caráter recomendatório ou compulsório para que os seus Estados membros latino-americanos que passaram por ditaduras militares realizem uma transição exitosa para regimes democráticos. Ocorre que, na prática, o conjunto de ações apresentado pelos órgãos vinculados à OEA quase como uma cartilha encontra dificuldades para ser implementado, devido às condições políticas de cada país. Assim, a justiça de transição operada de fato é objeto disputas entre atores políticos para a definição do que é vítima e do que é justiça; e para a formação de uma memória nacional. Nesse contexto, o presente trabalho procura analisar como o processo de justiça de transição, enquanto resultado de disputas, aconteceu e acontece no Brasil, dando especial ênfase à ausência ou presença parcial dos povos indígenas em políticas transicionais. Para tanto, procurou-se adotar a premissa de que vítimas diferentes da ação estatal durante a ditadura militar têm maior ou menor espaço nas medidas transicionais e possuem demandas próprias por reparação, as quais recebem maior ou menor grau de atenção do Estado. Como metodologia, o trabalho busca, em perspectiva histórica, olhar para a repressão sofrida pelos povos indígenas durante a ditadura militar, com ênfase nos anos posteriores à instituição do AI-5, para entender como essa coletividade atuou no imediato fim do período autoritário. Ademais, analisa o relatório final da Comissão Nacional da Verdade e percebe como foi dado um lugar de menor importância aos povos originários no documento. Assim, espera-se fazer um vínculo entre o pouco espaço conquistado pelos indígenas nas medidas transicionais colocadas em prática pelo Estado brasileiro e a dificuldade na demarcação das terras originalmente ocupada por eles. 

Referencias bibliográficas (opcional):

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