Resumen:
En Chile a pesar de la robusta consagración normativa vigente sobre refugio, en la última década (de 2010 a 2020) apenas se ha concedido asilo a 682 personas, siendo que se han formalizado 17.981 solicitudes, es decir, la tasa de reconocimiento no alcanza el 4%. Este exiguo nivel de otorgamiento expone las deficiencias del sistema de protección y la falta de voluntad política para implementar un sistema nacional de resguardo capaz de conocer y resolver las miles de solicitudes que se han efectuado. En los últimos años el escenario se ha agravado.La política de escaso reconocimiento de asilo es conteste a la práctica de denegación de facto advertida en múltiples ocasiones por la literatura especializada, que da cuenta de los obstáculos para acceder al procedimiento de refugio. Estas barreras generan que quienes se movilizan no reciban un trato acorde a los estándares del derecho humanitario y, asimismo, incentivan los ingresos por pasos no habilitados y consecuentemente la irregularidad y precarización de las travesías. El escenario de desprotección que se observa en Chile en el ámbito de refugio se complementa con el masivo éxodo venezolano y el COVID-19, fenómenos que han agudizado el panorama. Es fundamental advertir que el cierre de fronteras producto de la pandemia no justifica la denegación del ingreso de migrantes ni el acceso al procedimiento de asilo, menos cuando se trata de quienes vienen huyendo de una crisis humanitaria sin precedentes como es la venezolana. La práctica de dificultar el refugio a quienes manifiestan su intención de solicitar asilo no solo desconoce la regulación vigente , sino también denota una falta de comprensión del modo en que se debe abordar la movilidad forzada. Es vital que el Estado chileno gestione los desplazamientos de modo coherente con el Estado de Derecho que dicen garantizar, respetando las obligaciones consagradas.
Referencias bibliográficas (opcional):
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