Resumen:

Las rondas campesinas son una organización de base que tiene origen en la década de 1980 en las zonas rurales andinas del Perú con el objetivo de garantizar la seguridad y mantener el orden en espacios en los que el Estado era percibido como lejano o ausente. Con este propósito emplean castigos físicos y la cadena ronderil, prácticas que, a menudo, entran en conflicto con el sistema de justicia del Estado, que los interpreta como violación de los derechos humanos.  En este marco, el objetivo es analizar la función de las prácticas disciplinarias implementadas por las rondas campesinas de Macusani en la administración de justicia y como estas entran en conflicto con los derechos fundamentales establecidos en la ley peruana. Para ello, se realizó una investigación de corte etnográfico, con trabajo de campo por tres meses en la base de la Central Única de Rondas Campesinas de Carabaya, Puno, en la que se aplicaron entrevistas semi estructuradas, así como el acompañamiento en espacios de toma de decisión y el seguimiento de casos atendidos por la organización.  Las prácticas disciplinarias implementadas por las rondas campesinas sirven una función de cohesión social, así como ritual en la justicia campesina, que sigue un proceso de separación – juzgamiento, sanción, corrección y reinserción. En ese sentido, las prácticas disciplinarias corresponden a aspectos sociales, económicos políticos y culturales de la población de Macusani, y no son percibidas como una violación de los derechos humanos por parte de la población local. En cambio, perciben los procesos de justicia del Estado como poco efectivos, largos, costosos y culturalmente inadecuados. Si bien, existe un panorama de pluralismo jurídico establecido por instrumentos legales tanto a nivel nacional como internacional, los límites entre la jurisdicción del sistema de justicia campesina y el sistema de justicia del Estado peruano son todavía difusos. 

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Resumen:

En América Latina varios países de la región han implementado comisiones de la verdad en sus políticas de justicia transicional, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, luego de dictaduras o conflictos armados internos.Aunque han sido varios los actores involucrados tanto en la creación como en la implementación de este tipo de instituciones, se busca llamar la atención sobre los comportamientos asumidos por los actores políticos en los casos de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, los cuales reflejan la evolución de la justicia transicional en Latinoamérica,  y muestran a la vez los límites, oportunidades y desafíos que se ciernen desde el plano político, frente a este tipo de instituciones estatales y transicionales. Para tal efecto, se recurrió a una investigación cualitativa de orden documental desde el estudio comparado, que permitió establecer las similitudes y diferencias entre los diversos casos, hallando que el accionar de estos actores no ha sido homogéneo y que por el contario sus comportamientos han estado sujetos a la realidad socio – política de cada país.El papel que desempeñan los actores políticos en el diseño de medidas de justicia transicional, es mucho más visible que el de otros actores, en la medida que estos tienen poder y capacidad de decisión desde instancias de gobierno o partidos políticos que influyen directamente en los procesos de negociación que se tejen en torno a los diversos procesos de transición.  

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Resumen:

La comunidad internacional ha reconocido que la violencia sexual ha sido una práctica generalizada y común en el desarrollo de los conflictos armados, usada como un arma de guerra con múltiples finalidades que afecta primordialmente a las mujeres.El conflicto armado colombiano en alrededor de cinco décadas, ha propiciado una profunda crisis humanitaria, social y económica, consecuencia de ello, es el país con el mayor número de refugiados internos en el mundo según ACNUR, generando la violación masiva y sistemática de derechos humanos de su población, afectando a mujeres y niñas de forma específica y diferenciada, al ser ellas, las principales víctimas de violencia sexual en este contexto. La violencia sexual en el conflicto colombiano ha sido un delito invisibilizado, permaneciendo a la sombra de otros crímenes como el asesinato o  el desplazamiento forzoso, por lo cual,  la perspectiva de género es en una herramienta fundamental para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que surgió tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, en aras de saldar la deuda histórica en materia de justicia con las víctimas de este delito.   El objetivo de esta investigación es mostrar la materialización de la perspectiva de género en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y como su aplicación ha permitido el acceso a la justicia de las víctimas. El modelo de la investigación será descriptivo – cualitativo, basada en el análisis documental para contextualizar el fenómeno de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, la normativa interna para su abordaje respecto de los estándares internacionales de protección y finalmente el análisis de la aplicación de la perspectiva de género en la JEP como estrategia para garantizar la participación y el acceso de las víctimas a la justicia.  

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Resumen:

Geralmente utiliza-se expressões metafóricas para apresentar determinada situação que se acontecer uma vez, possivelmente acontecerá outras vezes. A expressão popular "onde passa um boi, passa uma boiada", se enquadra, metaforicamente, para descrever as mudanças constitucionais ocorridas, no Brasil, a partir de 2019. Além dos desmontes dos sistemas públicos (proteção social, trabalhista, saúde e ambiental), também atingiu o campo das finanças públicas. Com a aprovação da Emenda Constitucional (EC106), em 2020, institui-se o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública decorrente da pandemia, aprofundando as mudanças constitucionais iniciadas em 2019. A EC106 foi aprovada pela Câmara dos Deputados em tempo recorde, a Proposta de Emenda Constitucional 10 (PEC10), conhecida como “PEC do Orçamento de Guerra”, após tramitar no Senado Federal, passou a denominar-se EC106. A EC106 diminuiu os trâmites burocráticos no enfrentamento da Covid-19; contudo, surpreendeu o fato da EC106 conter artigos beneficiando entidades financeiras, ao permitir o Banco Central do Brasil (BC) adquirir títulos de baixa liquidez em mercados secundários de instituições bancárias privadas, com recursos públicos. Diante disso, o objetivo do trabalho é analisar a interação entre sistema financeiro e poder legislativo, com o foco na EC106. Os procedimentos metodológicos foram baseados em fontes bibliográficas, com análise das informações obtidas. Os resultados indicam que com a aprovação da EC106, havia previsão de prejuízos bilionários a União, por beneficiar organizações financeiras privadas; contudo, até o momento, o BC não realizou operações de compra de títulos, mas abriu-se a “porteira” foi aberta. Conclui-se, com a hipótese de que os bancos privados, no momento, podem estar “perdendo poder político”, dentro do Congresso, a outros segmentos como a bancada ruralista e evangélica, sem perder a condição de fração hegemônica dentro do bloco de poder.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es un espacio judicial de deliberación sobre el contenido y alcance de los derechos humanos en la región. Sus fallos son reconocidos porque han sentado jurisprudencia en torno a problemas sociales y políticos de primer orden. Muchos de estos se han originado por las denuncias de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano por parte de la sociedad civil y de Organizaciones No Gubernamentales(ONG). Esta ponencia está interesada en abordar la audiencia pública del proceso judicial de la CorteIDH a partir de un enfoque cualitativo y microrelacional. Por ello aborda las relaciones que en ésta entablan la representación de las víctimas -ONG- y la del Estado en dos casos de la CorteIDH contra Colombia: la Masacre de Mapiripán y las Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica. Se argumenta que la audiencia revela las luchas simbólicas de estos dos actores que participan de la contienda judicial, las cuales se dan a través de la selección de declarantes y sus prácticas retórico-performativas. Su estudio aporta a la comprensión del significado que tiene la audiencia pública y la participación ante la Corte para estos actores, ya que les permite consolidar su versión de los hechos denunciados y su interpretación en derecho de estos y, buscar el respaldo de quienes integran la institucionalidad interamericana. Si bien las luchas simbólicas de los procesos judiciales no se definen exclusivamente en la interacción cara a cara, las que se evidencian en la audiencia permiten dar cuenta del encuentro de actores disímiles; de diferentes formas de litigio, entre el activismo judicial y la defensa nacional; y de diferentes comprensiones sobre la participación ante la CorteIDH, para la búsqueda de verdad y justicia y, por otra parte, para el apego al formalismo y la protección de la institucionalidad. 

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Resumen:

Las comisiones de la verdad en Argentina, Chile y Brasil enmarcaron las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares de las décadas de 1960-1970, en una narrativa histórica orientada más a las necesidades de fundamentar el proceso de transición a la democracia que a la condena de crímenes de lesa humanidad. Por otra parte, las recomendaciones en materia de justicia apuntaron a la creación de un sistema jurídico acorde con los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos. El resultado han sido importantes avances para conocer la verdad, mientras permanecen pendientes las tareas de juzgar y condenar a gran parte de los responsables de esas violaciones. La reciente onda de polarización política observada tanto en Chile, con el estallido de protestas masivas en octubre de 2019 y la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos, como en Brasil con la elección de Bolsonaro a la presidencia y los permanentes cuestionamientos de su gobierno a las instituciones democráticas, pone en entredicho los avances en Justicia Transicional. No es este el caso de Argentina que, pese a sucesivas crisis políticas, parece más sólida en garantizar el respeto a los derechos humanos, así como en las políticas de verdad y justicia que impulsa. El trabajo examina similitudes y diferencias en las narrativas históricas y recomendaciones presentadas en los distintos informes de las comisiones de la verdad de Chile, Argentina y Brasil. Asimismo, analiza los contextos políticos y sociales de los tres casos para explorar posibles explicaciones sobre las relaciones que se han establecido (o no) entre la obtención de verdad y la persecución de crímenes de lesa humanidad. Finalmente, aborda las relaciones entre producción de una narrativa histórica, procesos de transición y prácticas de justicia como posibles explicaciones de los actuales escenarios en estos países. 

Referencias bibliográficas (opcional):