Propuesta de Mesa Temática:

La reconfiguración del orden mundial es un proceso que se observa en todos los ámbitos del quehacer internacional. Si bien la crisis del orden liberal de la post-segunda guerra mundial no es algo novedoso, se observa un aceleramiento de algunos de sus puntos de tensión desde al menos la crisis económico-financiera global de 2008, y más claramente a partir del escenario pandémico. El avance de las derechas nacionalistas, las tendencias de desglobalización, los conflictos éticos en la era digital, la reconfiguración del comercio global, las crisis migratorias, son solo algunos de los puntos que serán abordados en esta mesa.

Resumen:

Este trabajo tiene por objetivo discutir las características del régimen político de la provincia de Formosa, Argentina, en el período 2001-2021. Proponemos la noción de 'pluralismo contenido' para interpretar las formas y condiciones que el gobierno ejecutivo provincial de Formosa sustentó durante los últimos 30 años, para adquirir y mantener su legitimidad política. En este contexto, el 'pluralismo contenido' se refiere al desenvolvimiento de dos mecanismos aparentemente contradictorios, que son en realidad complementarios: i) la manipulación de reglas electorales que, aunque no implica una ruptura democrática, aumenta la concentración del poder en el partido gobernante, y ii) una competencia entre élites intermedias que regenera la representación política. Mientras que explicaciones fiscalistas ayudan a entender rasgos estructurales de regímenes subnacionales como el de Formosa, el papel de la dinámica política local en la construcción de la legitimidad política subnacional ha sido poco estudiado. Sostenemos que la crisis argentina del 2001 y la reorganización del sistema política nacional impactó en la provincia ‘por arriba’, consolidando la fuerza del gobierno, como también ‘por abajo’, transformando las relaciones intra-partidarias, y las relaciones con organizaciones sociales. El estudio se centra en la evolución de las disputas de control territorial y recursos políticos entre diferentes actores provinciales claves. El tipo de análisis mixto -cuantitativo y cualitativo- permite identificar estos grupos, sus trayectorias y desplazamientos a lo largo del período seleccionado. Al mismo tiempo, el estudio de las protestas sociales en la provincia permite comprender la construcción de demandas e interacciones con el sistema político, que contribuyen a su legitimidad.

Referencias bibliográficas (opcional):

Resumen:

El presente trabajo busca aportar al análisis del campo jurídico penal en Bolivia, en tanto construcción simultánea de espacios formales y espacios vacíos, en las últimas décadas. Para ello, esta indagación tiene como punto de partida el conflicto político en Bolivia entre 2019-2020 y se enfoca en la siguiente pregunta: ¿Cómo el campo jurídico y sus dispositivos penales estructuraron espacios vacíos de derechos sobre personas detenidas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, antes y durante el conflicto político 2019-2020? Siendo que, entre los años 2019-2020 diversas protestas de múltiples sectores sociales, afincados en diferentes zonas geográficas de Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), se opusieron a la (auto)proclamación presidencial y gestión de gobierno de 2019-2020, tras la presión de renuncia del entonces presidente de Estado y altas autoridades ejecutivas, luego de denuncias de fraude electoral y conminatorias de las fuerzas del orden. Frente a ese contexto, múltiples informes internacionales y nacionales identificaron los siguientes aspectos referidos al actuar del campo jurídico penal, junto a los hechos de masacre de Senkata (en la ciudad de La Paz) y Huayllani (Cochabamba) a cargo de fuerzas militares y policiales: los sistemas judiciales denotaron actuaciones coordinadas para activar diversos mecanismos de penalidad selectiva sobre actores difusos y al mismo tiempo seleccionados; los discursos frente a la delincuencia, rasgos étnicos y afinidad política, fueron óbices de detención; tales procesos judiciales fueron asumidos por grupos de personas detenidas como experiencias vividas de tortura o tratos crueles, sumado a la materialización de lesiones físicas a cargo de autoridades institucionales (policiales, judiciales, etc.).Para adentrarnos a esta temática, el presente trabajo buscará delinear inicialmente un mapa de estudios nacionales sobre la cuestión, para denotar algunos vacíos analíticos y sostener ciertos campos de indagación más completos sobre estos fenómenos jurídicos y políticos identificados.

Referencias bibliográficas (opcional):

Resumen:

El objeto del presente trabajo será detallar, con ciertos elementos empíricos, algunas facetas de la construcción y estructura judicial, formal y discrecional, referente a la cuestión de las protestas sociales y el “derecho a no sufrir actos de tortura” en espacios de detención, tomando como referencia el contexto del conflicto político de 2019-2020 y los ajustes normativos sobre la investigación criminal en los últimos años. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia ha reiterado el derecho y garantía de no sufrir actos de tortura a manos de servidores públicos dentro de espacios de detención (Código Penal, Estatuto de Roma, Convención Contra la Tortura, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, etc.). Asimismo, reconoce los estándares de derechos humanos en el ordenamiento interno (CPE art. 410), más aún dentro de los renovados corpus normativos de las instancias de investigación (policía y ministerio público), jurisdicción (jueces) y administración (régimen penitenciario), en las últimas décadas.  Sin embargo, referente al actuar de tales instancias judiciales, el Informe del Grupo de Expertos Independientes del año 2021 a Bolivia señaló que en las jornadas de 2019-2020 el fenotipo y la ideología política se constituyeron en presunción de culpabilidad. Asimismo, el Informe del Comité Contra la Tortura del año 2021 recomendó a Bolivia investigar de modo pronto, independiente, efectivo y exhaustivo, a los responsables de actos de tortura durante la crisis 2019-2020.   Entre otros aspectos, este escrito no buscará contrastar normativas y hechos, sino, analizar la dinámica institucional penal en base a las normativas de investigación y detención vigentes, y el contexto de 2019-2020 en Bolivia. Para ello repasará por los aspectos más sobresalientes de ciertos casos judiciales aperturados, los consiguientes testimonios y valoraciones de los detenidos, y las dinámicas del proceso de investigación ulterior a esos hechos.

Referencias bibliográficas (opcional):

Resumen:

La búsqueda personas dadas por desaparecidas en Colombia ha sido una tarea que se ha postergado a través de los años, por falta de voluntad política de los gobiernos de turno y la complicidad estatal que se ha configurado alrededor de este crimen. Las mujeres familiares de personas desparecidas forzadamente que están organizadas en colectividades de víctimas en sus territorios y aglutinadas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. El objetivo general es conocer los ejercicios de resistencias y luchas que desembocaron en el fortalecimiento y proposición de tareas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas por parte de las mujeres MOVICE. La metodología para alcanzar este objetivo se construye a partir de comprender las luchas contra la desaparición forzada en seis regiones afectadas por este delito; además, se va a reflexionar alrededor de los alcances y logros que las víctimas organizadas en el MOVICE han logrado en la última década con base en sus propias experiencias de mujeres buscadoras y, por último, se va a analizar cómo estas luchas han llevado a construir nuevos escenarios de memorias transformativas para la reflexión alrededor de la gravedad del crimen de la desaparición forzada y social en Colombia. Este trabajo de análisis se basa en la entrevista a seis mujeres, cada una compartiendo sus experiencias de la región en la que vive y así, tener desde la fuente oral, el paisaje necesario para el entendimiento de las labores de búsqueda de personas desaparecidas desde el vínculo familiar y afectivo, el cual, suele ser desvalorizado desde las instituciones estatales. 

Referencias bibliográficas (opcional):

)Ranciere, J. (2022) La división de lo sensible. Estética y política. Salamanca. Europea Cultu.Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. (Capítulo 1. Memoria Colectiva y memoria individual, Pp. 25-46)Piper, I, Jordan, H y Vinyes, R. (2012) Espacio y Recuerdo. Archipielago de memorias en Santiago de Chile. Santiago de Chile. Santiago Ochoa Libros - Biblioteca Virtual CLACSO. (Prologo y Capítulo 3. Memoria colectiva, espacio e investigación social Pp. 9 - 31)Calveiro, P. (2016). Políticas del miedo y resistencias locales. Athenea Digital, 15(4), 35-59. http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenea.1577Centro( Nacional de Memoria Histórica (2016) Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia. Bogotá. Imprenta Nacional. Castillejos, A. (2017) La ilusión de la justicia transicional. Bogotá. Ediciones Uniandes. Jelin, E. (2017) Víctimas, familiares y ciudadanos/as: las luchas por la legitimidad de la palabra.  (Cadernos Pagu. Pp. 38 – 60)Irazusta, I. (2020) Buscar como investigar: prácticas de búsqueda en el mundo de la desaparición en México. (Revista Sánchez G. (2018). Reflexiones sobre genealogía y políticas de la memoria en Colombia. (Análisis Político, 31(92), Pp. 96-114)SOCIOLOGÍA Y TECNOCIENCIA Valladolid. Ediciones Universidad Valladolid. Pp. 94 – 116)Zenobi, D. Marentes, M. (2020) Panorama sobre la producción social de las víctimas contemporáneas. Buenos Aires. Tesseo Press. En (MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS Y DEMANDAS DE JUSTICIA EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA. Pp. 67 – 101)Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE. (2021) Estrategias. https://movimientodevictimas.org/tag/estrategias/Desaparicionforzada.co (2019). Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia. https://desaparicionforzada.com/cartografia-de-la-desaparicion-forzada-en-colombia/Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (2022). Informe Final, Volumen de hallazgos y recomendaciones. Bogotá D.C..  

Resumen:

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LOS ESTADOS CENTROAMERICANOSBRAULIO MORALES MORALES, Ph.DUNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO-CISECAMÉXICObmoralesm@chapingo.mx/ morales2454@gmail.comEje temático: 02Resumen:En el continente americano, Centroamérica ha sido el puente entre las culturas del Sur y el Norte, y en esa posición geográfica ha permitido un enlace natural entre los pueblos indígenas y su medio ambiente; posee el 7% de la diversidad biológica del planeta, con unas 20 millones de hectáreas de bosques primarios y secundarios y con importantes recursos hídricos (INCAE/CLACDS,HIID, 1999).Al ser una región rica en recursos culturales, naturales, bilógicos e hídricos posee muchas posibilidades de desarrollo empresarial, la zona exporta gran cantidad de materias primas (58.6%), manufacturas (12.45%) y ofrece turismo natural y cultural.Es por eso, que el Proyecto Mesoamericano (2008) que es una transformación del Plan Puebla Panamá (2001), entra en ese eje globalizador con miras de “mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con esos recursos que posee la región, es un foco de atención para las empresas transnacionales como nacionales el hacer uso de ellas justificándose en el desarrollo social para el área. Los recursos forestales e hídricos, hoy son los reductos donde muchos pueblos indígenas fueron replegados y excluidos por los estados-nación, con la justificación de que estos pueblos eran un obstáculo a la integración y desarrollo.Y ahora que estos recursos con las nuevas tecnologías sirven para suplir insumos a las sociedades nacionales y externas, se recurre de nuevo a expulsar a sus verdaderos dueños y es donde este mosaico cultural y su hábitat, están en la mira del desarrollo. Por eso este Proyecto se concibe en función de los intereses privados y que pueden hacer uso de todos estos recursos incluyendo las culturas vivas, y vuelven a ser objetos del desarrollo.Palabras Claves: pueblos, indígenas, desarrollo, hábitat, estados-nación.

Referencias bibliográficas (opcional):

Resumen:

A Federação dos Tabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG-RS) foi fundada no ano de 1963 para defender a categoria de agricultores/as familiares no Estado. A Coordenação de Mulheres, criada em 2003, é uma das pastas da Diretoria da Federação, e tem, dentre suas finalidades, mobilizar mulheres trabalhadoras rurais a partir de suas vivências e pautar suas ações na busca de um modelo alternativo de desenvolvimento. Nesse contexto, a pergunta que se pretende responder é: qual a contribuição da FETAG-RS para a efetivação do direito das mulheres rurais ao acesso à terra e ao enfrentamento à desigualdade de gênero? O objetivo geral é apontar em que medida a estruturação da FETAG-RS e/com a participação das mulheres rurais contribui no acesso, por parte destas, ao direito à terra e na redução da desigualdade de gênero. Trata-se de pesquisa qualitativa, por meio do método dedutivo e com uso das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Com base nas informações, levantadas pela pesquisa, a inserção das mulheres trabalhadoras rurais na FETAG-RS decorreu, inicialmente, pelas mobilizações que realizaram para, no âmbito dos sindicatos, serem reconhecidas como trabalhadoras rurais e incluídas na condição de associadas e beneficiárias da Previdência Social. As mulheres rurais realizam encontros, seminários, congressos, plenárias, nos níveis regional, estadual e nacional, que oportunizam a abordagem de temas como gênero, classe, desenvolvimento rural, sustentabilidade, agricultura familiar, assim como buscam interlocuções estratégicas de mobilizações, como a Marcha das Margaridas. Conclui-se que a FETAG-RS se constitui em um espaço importante de participação das trabalhadoras rurais, de abordagens sobre suas condições de vida, e, por decorrência, de busca pela efetivação de seus direitos.

Referencias bibliográficas (opcional):

Resumen:

Tras un recorrido genealógico conceptual de la indignación en la filosofía política, podemos comprenderla semánticamente en torno a su relación con dos isotopías o campos: el campo semántico afectivo y el campo semántico jurídico. La indignación es nombrada en su relación con la ira, el enojo, el odio, la rabia o el asco y con una situación jurídica en particular, un momento donde el contrato se rompe o parece romperse. En la actualidad, la indignación se encarna en numerosas luchas contemporáneas por el acceso a la justicia, a través de la experiencia y la reflexión sobre un horizonte de expectativas jurídicas y morales incumplidas. Asimismo, también los sectores conservadores producen gramáticas de indignación desde las que catalogan a los sujetos jurídicos y jerarquizan moralmente las urgencias. Los discursos de y desde la indignación establecen contornos contractuales, identifican responsabilidades y se orientan sobre los procedimientos de devolución jurídicos, morales y rituales. En esta disputa, medios de comunicación y redes sociales tienen el potencial de movilizar adscripciones y rechazos así como de orientar afectivamente la doxa política -lo que se discute y lo que no, cómo se lo discute y por qué-. En este trabajo entonces, recurro al análisis de discurso para interpretar los modos en que los medios de comunicación en Argentina nombran la indignación en contexto de las luchas por la penalización y despenalización del aborto y reflexiono sobre la construcción casuística de la indignación como estrategia pragmático-comunicativa. 

Referencias bibliográficas (opcional):

Resumen:

La presente investigación tiene el propósito de contribuir al análisis de las capacidades institucionales de la procuración de justicia en cuatro Estados pertenecientes al bajío: Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Esto enfocado en el tema de violencia de género. Partimos aludiendo que la Constitución Política Mexicana en su artículo 21 establece que la investigación de delitos corresponde al Ministerio Publico y a la policía, las cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel ejercicio de esta función. CEJA (2006, p. 21). Aunado a ello, se encuentra la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (2007), tiene como objetivo central establecer los mecanismos de investigación necesarios para sancionar la violencia contra las mujeres, Sin embargo, pese a la instauración de leyes y funciones encaminadas a sancionar todo tipo de violencia hacia la mujer, la violencia hacia la mujer continúa en aumento. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de agosto a septiembre de 2019, en México se aumentó en un 8.4% la incidencia de violencia de género, pasando de 370 a 401 casos en investigación. La información presentada plantea que las mujeres sufren múltiples situaciones de violencia que afectan notoriamente el desarrollo de sus vidas hasta el grado de ser privada de ella; a pesar de las distintas leyes y reformas que se han promulgado sigue prevaleciendo la impunidad institucional. En medio de estas intersecciones de la violencia, es menester analizar el rendimiento institucional de las Fiscalias de Justicia, a la vez encontrar obstáculos en la ruta de acceso a la justicia de los cuatro Estados en investigación. y determinar si existen garantías verdaderas que respondan a esta problemática; a la vez, proponer cambios de política pública y de gestión a fin de abonar a la protección de las mujeres. 

Referencias bibliográficas (opcional):