Resumen:
La Corte Constitucional Colombiana, a través de la sentencia C-055 de 2022, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de que operaran las causales de interrupción voluntaria del embarazo, ya fijadas mediante la sentencia C-355 en el 2006. Esa decisión constituye una de las más progresistas en materia de interrupción del embarazo, empero, no significa la eliminación total del tipo penal de aborto, por lo que el Estado continúa teniendo control sobre el cuerpo de las mujeres, a efectos de “la protección de la vida del que está por nacer”. Sin embargo, desde un análisis de las funciones de la pena en Colombia, resulta evidente que mantener el delito en el ordenamiento jurídico, implica imponer el ideal de la maternidad como institución, de tal manera que, ante la práctica del aborto, lo que se castiga no es cosa distinta que la separación de las mujeres del rol que les ha sido tradicionalmente asignado. En ese orden de ideas, esta ponencia recoge en primer término, la discusión alrededor de la construcción de la relación mujer-maternidad en el imaginario social, para la conservación del delito de aborto en el sistema penal colombiano; en un segundo momento, se realiza un análisis de las funciones de la pena contenidas en el sistema jurídico colombiano para, finalmente, concluir con un examen sobre la maternidad como bien jurídico tutelado por el derecho en Colombia. Para ello, se hace uso de un enfoque cualitativo de análisis, que, a partir de una perspectiva crítica feminista, permite dar como resultado la existencia de la maternidad como institución jurídica, que se entiende como un valor y fin del Estado, en una suerte de alianza con el derecho natural, que implica el ejercicio del poder sobre la sexualidad de las mujeres.
Referencias bibliográficas (opcional):
Corte Constitucional Colombiana. (10 de mayo de 2006). Sentencia C-355 del 2006 [MP. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández] Malagón, L. (2006). El reconocimiento del derecho fundamental a abortar: Un camino para evitar la desigualdad. Revista Derecho del Estado (19).